Actualidad Binacional

Duque abre la puerta para regularizar a un millón de venezolanos

8 de febrero de 2021

El fenómeno de la migración venezolana es parte de la estructura social, política y económica de Colombia desde hace un par de años. En el país hay 1,7 millones de migrantes del vecino país, de los cuales, el 56%, lo que es equivalente a 966.714 personas, se encuentran en condición irregular, según cifras de Migración Colombia.

Ante esto, el presidente Iván Duque anunció, tras una reunión con el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, la creación de un Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos (ETPV).

Este mecanismo busca complementar al régimen de protección internacional de refugiados, y facilitar que los migrantes venezolanos que se encuentran en el país amparados dentro del denominado régimen de protección temporal transiten al régimen migratorio ordinario.

De este modo, los migrantes que se acojan a la medida tendrán un periodo de 10 años para adquirir su visa de residente.

El ETPV permitirá también que la población migrante acceda a servicios como salud o educación, y ya en su condición regular, que también puedan trabajar y vincularse laboralmente a diferentes actividades.

Con esta medida, el Estado colombiano no solo facilitará la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos en el territorio nacional, sino que también facilitará la creación de herramientas de identificación, caracterización y registro de los migrantes, lo que facilitará la planeación de políticas públicas.

Además, se creará un registro único de migrantes venezolanos, a través del cual se obtendrá información para la caracterización y el trámite, que se hará de manera virtual.

IMPACTO ECONÓMICO

Uno de los elementos en que coinciden diferentes analistas y expertos es que si bien en el corto plazo la incorporación de la población venezolana representa un esfuerzo adicional para el país, a mediano y largo plazo se materializará en diversos beneficios.

“Esta decisión tendrá un tremendo impacto positivo en la vida de millones de venezolanos que buscaron un futuro mejor, pero también para Colombia. El estatuto le permitirá a los migrantes integrarse al mercado laboral y convertirse en una fuerza productiva para el país”, dijo Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea en Colombia, quien participó en el anuncio de la medida.

Asimismo, de acuerdo con el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, el ingreso de casi un millón de personas al sistema productivo tendrá más efecto en la formalidad que en el empleo.

“En los últimos tres años se ha encontrado que en los periodos de mayor flujo de migración la presión hacia el desempleo no ha sido tan importante, pero sí en la informalidad”, aseguró, y explicó que si no hay un acompañamiento en la ruta de empleabilidad, no se logrará reducir los indicadores de informalidad.

Por otro lado, la experta en migraciones del Banco Mundial, Paula Rossiasco, asegura que este proceso tendrá un retorno de la inversión que haría Colombia inicialmente para incorporarlos al sistema. En 2018, la entidad elaboró un estudio que estima un costo de 0,25% del PIB para la atención de los migrantes, pero que a largo plazo se puede traducir hasta en 0,5% del PIB. De acuerdo con Rossiasco, este panorama no ha cambiado.

“Si bien es cierto que este fenómeno acarrea unos costos en el corto plazo, también hemos encontrado que en el mediano plazo puede contribuir al crecimiento económico, y esto en el contexto de la pandemia es muy importante”, dijo Rossiasco.

La experta aseguró que en una “integración formal, regular y ordenada de la población venezolana, podría estar la clave para acelerar la recuperación económica de los países de la región, y para mejorar la solidez de la respuesta de salud pública”, y que además se traducirá en inversión en temas como vivienda, educación e impuestos.

Desde la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, su director, Germán Umaña, apuntó también que esta decisión es una “verdadera respuesta de política pública con un avance inmenso en la regularización”, y destacó que si se tienen legalizadas estas personas “van a pagar su salud, van a pagar impuestos e incorporarse a emprendimientos”, lo que aportará al ciclo re reactivación de la economía.

Fuente: Portafolio

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